introducción

El presente modelo de prevención de los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo se ha establecido conforme las disposiciones de la ley 20.393 y busca implementar una forma de organización corporativa que evite la comisión de estos y otros delitos por parte de los integrantes de la empresa. 

En el caso de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A., da cuenta del compromiso organizacional por evitar la comisión de delitos, beneficien o no estos a la compañía, a fin de garantizar que, en caso de que alguno de sus trabajadores cometa alguno de estos delitos, lo hará no solo en contradicción con la cultura corporativa sino que además ello ocurrirá pese a los esfuerzos desplegados por la empresa para impedirlo.

Para conseguir estos objetivos y dar cumplimiento a los deberes de autorregulación, se ha dispuesto una organización y normativa de procesos que neutralice hasta donde sea posible el riesgo de comisión de los delitos a que se refiere la ley N° 20.393, contribuyendo a su prevención y detección oportuna. El objetivo específico del modelo no es solo disuadir la comisión de delitos, sino muy especialmente dar cumplimiento a los deberes de dirección y supervisión que impone la ley N° 20.393. De este modo, para el diseño, implementación y control efectivo de este modelo de prevención —tanto en lo orgánico como en lo procedimental— se ha realizado una exhaustiva identificación, cuantificación y control de los riesgos propios de nuestro giro y modo de operación.

Este modelo de prevención de delitos describe el conjunto de medidas organizacionales, administrativas y de supervisión a través de las cuales Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. cumple los deberes de dirección y supervisión conducentes a prevenir la comisión de los delitos establecidos en la ley N° 20.393. Este modelo contempla:

a) La designación de un encargado de prevención de delitos con medios y facultades para desarrollar su tarea;

b) Un sistema de prevención de delitos, en que se identifican las actividades y procesos de la empresa en que se genera o incrementa el riesgo de comisión de los delitos, junto a protocolos, reglas y procedimientos que permiten a las personas que intervienen en dichas actividades o procesos programar y ejecutar sus funciones de una manera que prevenga la comisión de los delitos; y procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros de la empresa con este último objeto; y

c) Elementos de supervisión del sistema de prevención que aseguren la aplicación efectiva de modelo, y su supervisión a fin de detectar y corregir sus fallas.

En este documento se hará referencia indistintamente a la empresa como Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. o simplemente “IAM”.

EXPLICACIÓN DE LOS DELITOS OBJETO DE LA LEY 20.393 QUE ESTABLECE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS

A. Introducción
La ley N° 20.393 ha establecido un catálogo restringido de delitos que pueden generar responsabilidad penal corporativa. Ellos son el cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Destinaremos a continuación un apartado a la explicación de las características fundamentales de estos delitos, a fin de orientar el comportamiento de los dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y supervisión y en general de quienes están bajo la dirección o supervisión de los anteriores, en Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. en esta materia, a todos los cuales se les aludirá indistintamente en este acápite así como en el resto del documento como “trabajadores”.

B. Cohecho

i. Cohecho a funcionarios públicos nacionales

Artículo 250.- El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de este o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249, o por haberla realizado o haber incurrido en ellas, será castigado con las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas disposiciones.

Tratándose del beneficio ofrecido en relación con las acciones u omisiones del artículo 248, el sobornante será sancionado, además, con la pena de reclusión menor en su grado mínimo. 

Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con las acciones u omisiones señaladas en el artículo 248 bis, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en su grado mínimo, en el caso del beneficio consentido.

Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con los crímenes o simples delitos señalados en el artículo 249, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, en el caso del beneficio consentido. En estos casos, si al sobornante le correspondiere una pena superior por el crimen o simple delito de que se trate, se estará a esta última.

Conforme la norma transcrita, para que se configure este delito es necesaria la intervención de un funcionario público, ya sea solicitando, recibiendo o aceptando recibir un beneficio económico indebido. El artículo 260 del Código Penal establece quiénes son funcionarios públicos para estos efectos:

Artículo 260.- Para los efectos de este Título y del Párrafo IV del Título III, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldos del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular. 

El alcance de la definición del artículo 260 es bastante amplio, por lo que al analizar las zonas de riesgo de comisión del delito de cohecho se debe actuar con cuidado. El eje central de la definición legal es el desempeño de un cargo o función pública.

Se ha entendido en una primera aproximación que estamos frente a una persona que ostenta un “cargo público” cuando se le ha investido de un nombramiento o bien recibe una remuneración que proviene del Estado. Por ello no se presentan mayores dificultades a la hora de identificar zonas de riesgo donde existe relación con funcionarios públicos que posean formalmente un cargo público (ministros, parlamentarios, carabineros, inspectores, jueces, etc.) o en el caso de leyes que asignan directamente tal carácter, como ocurre con la propia ley N° 20.393 que señala que las personas naturales que participan en las actividades de certificación cumplen una función pública en los términos del artículo 260 del Código Penal. No ocurre lo mismo con la expresión “función pública”, que genera numerosos problemas, ya que incorpora en el concepto de funcionarios públicos una infinidad de posiciones no cubiertas por la estricta regulación del Estatuto Administrativo. Es por ello que en caso de duda, el criterio a adoptar será el de presumir la calidad de funcionario público y desplegar en consecuencia las medidas de prevención contenidas en el presente modelo.

Conforme lo expuesto, la identificación de las zonas de riesgo de comisión del delito de cohecho no puede provenir de un análisis superfluo, ya que es posible que un trabajador de la empresa se esté vinculando a un funcionario público sin que ello sea evidente, especialmente si se considera que el funcionario público no recibe necesariamente una remuneración (puede cumplir una función ad honorem) o puede no pertenecer a la Administración Central (como el Conservador de Bienes Raíces, las Notarías, la empresa de Correos de Chile, CODELCO y ENAP).

Por otro lado, si bien el delito de cohecho sanciona a quien ofrece o consiente en dar a un empleado público un beneficio económico, no es necesario que ese beneficio económico vaya en provecho del propio funcionario público, sino que puede procurar el beneficio de un tercero. Además, basta con el mero ofrecimiento para que se cometa el delito, de modo que no es necesario ni que se haya efectivamente pagado ni que se haya aceptado o recibido el beneficio económico (desde la perspectiva que aquí interesa, el delito se perfecciona solo con el ofrecimiento de dar un beneficio económico). 

El beneficio económico se ofrece, pide o concede para que el funcionario realice determinadas acciones o incurra en omisiones, pero es posible que se lo acepte, pida o reciba antes o después de haber realizado dichas acciones u omisiones. 

Para los efectos de este delito se entiende por beneficio económico cualquier retribución que reciba el funcionario público, que aumente su patrimonio o impida su disminución, ya sea dinero, especies o cualquier otra cosa avaluable en dinero (descuentos, beneficios crediticios adicionales, becas, etc.).

Las acciones y omisiones que se esperan del funcionario se encuentran establecidas en los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal, conforme los cuales el ofrecimiento o solicitud de beneficio económico puede tener alguno de los siguientes objetivos:

1) Solicitar o aceptar recibir por parte del funcionario, u ofrecerle o aceptar entregarle más de lo que le es permitido recibir en razón de su cargo. Es el caso de algunos funcionarios públicos que están autorizados para cobrar sumas determinadas y preestablecidas de dinero por los servicios que prestan al público, pero que no pueden recibir más de lo que legalmente les corresponde. Basta que el funcionario pida directamente más de lo que le es permitido (en tal caso el delito lo comete el funcionario) o que alguien se lo ofrezca para que se cometa el delito de cohecho. 

A modo de ejemplo, de omitir la obligación de emitir estados financieros a la Superintendencia de Valores y Seguros, el servicio respectivo está autorizado a cursar una multa o procedimientos sancionatorios. Por lo que si se le paga u ofrece más de lo que corresponde para remediar la omisión, se incurre en el delito de cohecho.

2) Solicitar o aceptar recibir, u ofrecer o aceptar entregar un beneficio económico al funcionario, para sí o un tercero, para que realice una gestión propia de su servicio, pero que no forma parte de sus funciones. 

A modo de ejemplo, se efectúa un pago a un funcionario distinto de aquél que tiene derecho a recibirlo para que apure un trámite.  

3) Solicitar o aceptar recibir, u ofrecer o aceptar entregar un beneficio económico al funcionario por haber dejado de hacer o para que deje de hacer algo a lo que está obligado en razón de su cargo o función. 

A modo de ejemplo, se ofrece a un funcionario un beneficio económico para que no desarrolle determinada fiscalización.

4) Solicitar o aceptar recibir, u ofrecer o aceptar entregar un beneficio económico al funcionario para que realice o por haber realizado un acto que infrinja o vaya en contra de los deberes de su cargo. La infracción también puede consistir en ejercer influencia en otro funcionario público para que este último realice un acto que beneficie a un tercero interesado. 

Por ejemplo, se ofrece a un funcionario de una Municipalidad un beneficio económico que conceda fuera de tiempo el trámite de rebaja de inversiones de Aguas Andinas y con eso se pague una patente de menor valor por parte de Tesorería. 

5) Solicitar o aceptar recibir, u ofrecer o aceptar entregar un beneficio económico al funcionario para que cometa crímenes o simples delitos de carácter funcionario en el ejercicio de su cargo, o delitos que atenten contra los derechos garantizados por la Constitución. Ejemplo del primer caso es el pago a un juez para que dicte un fallo que vaya en contra de la ley en una causa criminal. Ejemplo del segundo tipo es el otorgamiento de un beneficio económico a un funcionario público para que detenga a una persona sin fundamentos legales.

ii. Cohecho a funcionarios públicos extranjeros

Artículo 251 bis.- El que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de este o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones internacionales, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y, además, con las de multa e inhabilitación establecidas en el inciso primero del artículo 248 bis. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias mensuales. De igual forma será castigado el que ofreciere, prometiere o diere el aludido beneficio a un funcionario público extranjero por haber realizado o haber incurrido en las acciones u omisiones señaladas.

El que, en iguales situaciones a las descritas en el inciso anterior, consintiere en dar el referido beneficio, será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, además de las mismas penas de multa e inhabilitación señaladas.

Se trata en términos generales de los mismos requisitos analizados para el cohecho anterior, con la salvedad de que en este caso el funcionario público debe servir a otro país o a un organismo internacional y de que el beneficio comprometido puede ser de naturaleza distinta a la económica. 

A modo de ejemplo, se comete el delito si en el marco de una licitación internacional promovida por un gobierno extranjero o un organismo internacional se ofrece dinero a un funcionario de ese país u organismo para que lo adjudique a uno de los postores.

El delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros se juzga por la Justicia chilena aun cuando se haya perpetrado fuera del territorio nacional. Así lo dispone el artículo 6 Nº2 del Código Orgánico de Tribunales siempre que el delito se cometa por un chileno o por un extranjero con residencia habitual en Chile. En ambos casos podría generarse responsabilidad penal para la persona jurídica de la cual depende el particular. 

No ocurre lo mismo si el particular comete el delito en el extranjero, y no es chileno ni residente habitual, pues en tal caso han de conocer del delito los tribunales extranjeros.

C. Lavado de activos

Artículo 27 ley N° 19.913: Será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales:

a) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; en la ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad; en el artículo 10 de la ley Nº 17.798, sobre control de armas; en el Título XI de la ley Nº 18.045, sobre mercado de valores; en el Título XVII del decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, ley General de Bancos; en el artículo 168 en relación con el artículo 178, Nº 1, ambos del decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas; en el inciso segundo del artículo 81 de la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual; en los artículos 59 y 64 de la ley Nº 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile; en el párrafo tercero del número 4º del artículo 97 del Código Tributario; en los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y 10 del Título VI, todos del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 141, 142, 366 quinquies, 367, 374 bis, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411 quinquies, y los artículos 468 y 470, Nº 8, ambos en relación al inciso final del artículo 467 del Código Penal, o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes.

b) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito.

Se aplicará la misma pena a las conductas descritas en este artículo si los bienes provienen de un hecho realizado en el extranjero, que sea punible en su lugar de comisión y en Chile constituya alguno de los delitos señalados en la letra a) precedente.

Para los efectos de este artículo, se entiende por bienes los objetos de cualquier clase apreciables en dinero, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, como asimismo los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre los mismos.

Si el autor de alguna de las conductas descritas en las letras a) o b) no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena privativa de libertad que corresponda de acuerdo al inciso primero o final de este artículo será rebajada en dos grados.

La circunstancia de que el origen de los bienes aludidos sea un hecho típico y antijurídico de los señalados en la letra a) del inciso primero no requerirá sentencia condenatoria previa, y podrá establecerse en el mismo proceso que se substancie para juzgar el delito tipificado en este artículo.

Si el que participó como autor o cómplice del hecho que originó tales bienes incurre, además, en la figura penal contemplada en este artículo, será también sancionado conforme a esta.

En todo caso, la pena privativa de libertad aplicable en los casos de las letras a) y b) no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este artículo, sin perjuicio de las multas y penas accesorias que correspondan en conformidad a la ley.

El delito de lavado de activos está establecido en el artículo 27 de la ley 19.913. Para que se configure, se requiere que los fondos que se ocultan, disimulan o mantienen, provengan de ciertas actividades ilícitas enumeradas en esa misma disposición y que por ello se les conoce como “delitos base”. De este modo, puede decirse que el lavado de activos consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes, por emanar estos de un delito base anterior, o mantener tales bienes de origen ilícito en poder del autor.

Revisemos aunque de modo sucinto el catálogo de delitos base para describir luego el delito de lavado de activos propiamente tal. 

Son delitos base de lavado de activos en nuestro ordenamiento los siguientes:

i. Aquellos establecidos en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes.

ii. Aquellos que constituyen conductas terroristas, descritos en la ley N° 18.314.

iii. Algunos de la ley N° 17.798, sobre control de armas:

a. Los que fabriquen, armen, transformen, importen, internen al país, exporten, transporten, almacenen, distribuyan, o celebren convenciones sin la autorización que establece la ley respecto de armas sujetas a control.

b. Los que construyan, utilicen, acondicionen o posean las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, prueba, almacenamiento o depósito de armas sujetas a control sin la autorización que exige la ley. 

iv. Los delitos establecidos en la Ley General de Bancos, varios de los cuales se aplican solo a personal de instituciones bancarias y financieras, salvo el de su artículo 160 que castiga al que obtuviere créditos de instituciones de crédito suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios a la institución.

v. El delito de contrabando, del artículo 168 en relación con el artículo 178, Nº 1, ambos de la Ordenanza de Aduanas, que comete quien introduce o extrae del territorio nacional mercancías cuya importación o exportación estén prohibidas, o que evada los tributos que le correspondan o mediante la no presentación de mercancías a la Aduana, o que introduzca mercancías extranjeras desde un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes o al resto del país.
vi. El del inciso segundo del artículo 81 de la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual, que castiga al que con ánimo de lucro fabrique, importe, interne al país, tenga o adquiera para su distribución comercial copias de obras, de interpretaciones o de fonogramas, cualquiera sea su soporte, reproducidos en contravención a las disposiciones de las normas sobre propiedad intelectual.

vii. Los de los artículos 59 y 64 de la ley Nº 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, referidos en general a la fabricación y circulación de billetes falsos, y a las falsedades documentales ante el Banco Central.

viii. El del párrafo tercero del número 4º del artículo 97 del Código Tributario, esto es, la obtención maliciosa de devoluciones de impuestos.

ix. Delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, cohecho, secuestro y sustracción de menores, producción y distribución de material pornográfico con utilización de menores de edad, tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas, y estafas y fraude de subvenciones, todos establecidos en el Código Penal. Los delitos de la ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, pudiendo citarse entre ellos los siguientes:

a. La entrega maliciosa de antecedentes falsos a la Superintendencia de Valores y Seguros, a una bolsa de valores o al público en general;

b. Los directores, administradores y gerentes de un emisor de valores de oferta pública cuando efectuar en declaraciones maliciosamente falsas en el respectivo proceso de prospecto, emisión y divulgación;

c. Los que hicieren oferta pública de valores sin cumplir con los requisitos legales de inscripción;

d. Los que usaren deliberadamente información privilegiada:

e. El que valiéndose de información privilegiada ejecute un acto con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros;

f. El que revele información privilegiada, con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros;

g. Las personas que con el objeto de inducir a error en el mercado difundieren noticias falsas o tendenciosas;

h. Efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios; y

i. Efectuar cotizaciones o transacciones ficticias.

A título ejemplar, constituyen infracciones a la ley de mercado de valores, que pueden constituir eventualmente delitos base de lavado de activos, las siguientes situaciones:

- Una sociedad anónima abierta suscribe un memorando de acuerdo para la distribución exclusiva de un novedoso insumo industrial para una importante empresa productiva, información que es difundida a través de la prensa. No obstante, cuando dicho memorando es dejado sin efecto por decisión unilateral del potencial cliente, y antes de que dicha información fuese difundida al mercado, su gerente general y accionista vendió un importante paquete accionario, con lo que evitó las pérdidas que produjo luego la drástica caída de la acción una vez que la noticia fue de conocimiento público.

- Algunos directores de una sociedad anónima abierta compraron acciones de las sociedades que integran, estando en conocimiento de los estados financieros de sus respectivas compañías, sin que esta información fuera aún de dominio público.

- Un importante accionista de una sociedad anónima abierta se reúne con parte de los miembros del grupo controlador de un importante Banco, para informarles que dejaran su posición pasiva en dicho Banco, ya que pretenden adquirir un porcentaje adicional de acciones que les permitiría tomar su control. Los miembros del pacto controlador informan de esta situación al resto de sus integrantes, uno de los cuales decide aumentar su participación para consolidar su control en el Banco, antes que la información fuese divulgada al mercado.

- Un empleado de una imprenta especializada en el área financiera y que estaba trabajando en la preparación de folletos y otros materias relativos a anuncios de ofertas públicas de adquisición de acciones de ciertas sociedades anónimas, logró descifrar los códigos con que se mantenían en secreto los nombres de las sociedades involucradas y luego compró acciones de las compañías que luego lanzarían las ofertas públicas, antes del anuncio al mercado.

Conforme el artículo 27 de la ley N° 19.913 el delito de lavado de activos se comete en las siguientes circunstancias:

1) Cuando de cualquier forma se oculta o disimula el origen ilícito o prohibido de determinados bienes. En tal caso es necesario el conocimiento de que los bienes de alguna manera provienen de la comisión de alguno de los delitos base establecidos en la ley.

Por ejemplo, se vende inmuebles a un traficante para que este presente un patrimonio en el cual pueda ocultar el origen ilícito de sus bienes.

2) Cuando se adquiere, posee, tiene o usa, con ánimo de lucro, los bienes de origen ilícito siempre que al recibirlos se haya conocido su origen ilícito. Por ejemplo, un traficante de armas invierte en valores de una empresa para aprovechar los dineros provenientes de su actividad ilegal.

3) Cuando se incurre en cualesquiera de las conductas anteriores aun desconociendo el origen ilícito de los bienes, si el sujeto debió conocer dicha procedencia y por una falta de cuidado que le era exigible, no lo hizo. Se trata de la figura imprudente de lavado de activos, conforme la cual no solo se sanciona a quien tiene la intención directa de ocultar el origen ilícito de los bienes, sino que también a quien por falta de cuidado que le era exigible “permitió” que se llevara a cabo la conducta ilícita.

D. Financiamiento del terrorismo

Artículo 8º ley N° 18.314: El que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en el artículo 2º, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, a menos que en virtud de la provisión de fondos le quepa responsabilidad en un delito determinado, caso en el cual se le sancionará por este último título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código Penal.

En el Convenio internacional para la represión del financiamiento del terrorismo, las Naciones Unidas entienden que comete el delito quien “por cualquier medio, ilegalmente y por voluntad propia, proporciona y recauda fondos con la intención de que sean utilizados, o a sabiendas de que serán utilizados para llevar a cabo lo siguiente: (a) un acto que constituye un delito dentro del alcance y según la definición de los tratados existentes; o (b) Cualquier otro acto destinado a ocasionar la muerte o lesiones corporales graves a civiles, o a cualquier otra persona que no esté participando activamente en las hostilidades dentro de una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto sea intimidar a una población, u obligar a un buen gobierno u organismo internacional a realizar o dejar de realizar un acto”.

En nuestro país el financiamiento del terrorismo está descrito y castigado en el artículo 8° de la ley 18.314, para quienes de cualquier forma solicitan, recaudan o proveen fondos con la finalidad de que se utilicen para cometer los delitos terroristas establecidos en la ley.

Los siguientes delitos se califican como terroristas cuando se han perpetrado para intimidar a la población o conseguir del gobierno alguna decisión:

i. El homicidio calificado, las mutilaciones, lesiones graves y graves gravísimas, el secuestro, la sustracción de menores, el envío de cartas o encomiendas explosivas, el incendio y otros estragos, las infracciones en contra de la salud pública y el descarrilamiento.

ii. Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público que esté en servicio o la realización de actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud pública de sus pasajeros o tripulantes.

iii. Atentar en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe de Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas en razón de su cargo.

iv. Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos.

v. También la asociación ilícita para la comisión de los delitos antes mencionados.

Los delitos antes mencionados se consideran terroristas cuando el hecho se comete con la finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se comete para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.

El delito podría configurarse por ejemplo a partir de donaciones que se hicieran, a sabiendas, a organizaciones o personas naturales que, aunque aparenten fines lícitos, en realidad realizan o financian actividades terroristas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE COHECHO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A.

A. Introducción

Una vez identificadas las zonas operativas al interior de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. expuestas al riesgo de comisión de los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es necesario establecer las medidas preventivas correspondientes.

El presente apartado del modelo de prevención de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. pretende fijar normas de conducta para prevenir la comisión de los delitos objeto de la ley N° 20.393 por parte de los cargos expuestos a ello, previamente identificados en la gestión de riesgos.

B. Medidas preventivas del delito de cohecho

1. Todas las comunicaciones con funcionarios públicos por medio de correos electrónicos deben realizarse utilizando las direcciones electrónicas institucionales de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. y de la institución pública respectiva. Además será necesario copiar en el correo electrónico la dirección del superior jerárquico del empleado de IAM, que participe en dichas comunicaciones.

2. Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. deberá respaldar por un tiempo prudente la totalidad de los correos cuyos dirigidos a o emanados de los funcionarios que ocupan cargos expuestos a los riesgos del delito de cohecho.

3. En todos aquellos correos electrónicos entre empleados de IAM, y funcionarios públicos deberá agregarse al final de estos la siguiente frase: “Por aplicación del modelo de prevención de delitos de la ley N° 20.393 los trabajadores de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. que se relacionen con funcionarios públicos a través de correos electrónicos, solo utilizarán las direcciones de correos institucionales de la empresa y de la institución, por lo que le solicitamos informar esta última”. Esto deberá ser informado a los trabajadores de la compañía.

4. Todas las reuniones presenciales que se fijen con algún funcionario público deberán ser informadas al superior jerárquico del trabajador de IAM, que asista.

5. Salvo imposibilidad, a todas las reuniones que mantenga un empleado de IAM, con cualesquiera funcionarios públicos deberá concurrirse acompañado de, a lo menos, un trabajador adicional que pertenezca a la empresa. En caso de no poder hacerlo, será su obligación poner la situación en conocimiento del encargado de prevención de delitos de la empresa.

6. Siempre que un funcionario público concurra a las dependencias de las oficinas o locales en las que opere IAM, a fiscalizar el cumplimiento de cualquier normativa legal, el trabajador de la empresa que lo reciba deberá completar una minuta creada al efecto por el encargado de prevención de delitos, consignando al menos: fecha, funcionario público, objeto de la visita y empleado que lo recibe.

7. Todas las reuniones presenciales que trabajadores de IAM, mantengan con funcionarios públicos deberá constar en una minuta levantada al efecto por el trabajador y creada por el encargado de prevención de delitos, consignando al menos: fecha, lugar, funcionario público, otros asistentes, objeto de la reunión y empleado que lo recibe.

8. Inversiones Aguas Metropolitanas S.A., deberá mensualmente controlar todos y cada uno de los derechos pagados a funcionarios públicos y gastos asociados a ellos. Esto implica que aquellos trabajadores que deban realizar trámites sujetos legalmente a pagos en instituciones públicas, deberán rendir separada y especialmente esos pagos.

9. Todos los funcionarios expuestos al riesgo de este delito, descritos en el capítulo anterior, deberán informar al encargado de prevención de delitos sobre la identidad y cargo de funcionarios públicos con quienes tengan relaciones familiares o de estrecha amistad, con quienes eventualmente pudieren vincularse en razón de sus funciones. El encargado de prevención de delitos ponderará en cada caso, dependiendo del nivel de cercanía y de criticidad de las funciones desempeñadas por el trabajador de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A., la conveniencia de adoptar medidas que pongan a resguardo a la empresa de eventuales responsabilidades penales. La renovación de esta información se requerirá con la periodicidad que estime el encargado de prevención de delitos, sin perjuicio de la obligación de todo trabajador de IAM, de informar inmediatamente de todo evento en que las situaciones de familiaridad, estrecha amistad y/o criticidad se hagan patentes.

C. Medidas preventivas del delito de lavado de activos

1. Deberá darse cumplimiento a una política de inversiones de los excedentes de caja de la compañía, la que hará especial referencia a las limitaciones que se hayan impuesto respecto de las instituciones e instrumentos en los cuales invertir.

2. Deberá darse cumplimiento al “Procedimiento de selección, evaluación y retroalimentación de proveedores y subcontratos”, en cuyo contexto la selección de un proveedor considerará la verificación de los antecedentes personales o corporativos de estos, incluida la verificación de su posible inclusión en listas internacionales como OFAC. Esta verificación se hará extensiva a los distribuidores de productos de la empresa.

3. Se incorporará en los contratos con proveedores, contratistas y distribuidores que facturen mensualmente sobre US$10.000.- y de aquellos cuyo giro comprenda las actividades señaladas en el artículo 3° de la ley N° 19.9131 , salvo que se trate de contratos de adhesión no modificables por Inversiones Aguas Metropolitanas S.A., una cláusula relativa a la ley 20.393, siguiendo el formato del apartado IX. Respecto de aquellos proveedores con los que la compañía no tenga contratos deberá enviarse dicha cláusula por mail y solicitarles su conformidad a esta.

4. Se efectuará un control aleatorio del comportamiento de sus proveedores y contratistas en temas como precios, condiciones, crédito, etc., a fin detectar situaciones inusuales o sospechosas que sugieran la realización de averiguaciones adicionales. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un proveedor comienza en forma habitual a vender a un precio considerablemente bajo en relación con el mercado, en condiciones excepcionales o con una oferta de crédito que salga de lo común, será obligación de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A., revisar la relación con el proveedor y la plausibilidad de esas condiciones. Si detectada esta situación la empresa insiste en mantener una relación comercial por estimar que las razones para operar de esa forma son atendibles y por tanto no hay riesgo de Lavado de activos, se dejará constancia de ello en una minuta que el área respectiva hará llegar al encargado de prevención de delitos.

D. Medidas preventivas del delito de financiamiento del terrorismo

1. Se deberá dar cumplimiento al procedimiento de rendición de gastos de caja chica y fondos por rendir.

2. Se deberá dar cumplimiento al “Procedimiento Pagos IAM”, relativo a todos los desembolsos y liberaciones de pago al interior de la empresa, especialmente los antecedentes conforme los cuales estos deben expedirse y los niveles jerárquicos que deben intervenir en estos distinguiendo los montos involucrados y las distintas formas de pago a través de las cuales pueden producirse.

1Bancos e instituciones financieras; empresas de factoraje; empresas de arrendamiento financiero; las empresas de securitización; las administradoras generales de fondos y sociedades que administren fondos de inversión privados; las casas de cambio y otras entidades que estén facultadas para recibir moneda extranjera; las emisoras y operadoras de tarjetas de crédito; las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero; las bolsas de valores y las bolsas de productos, así como cualquier otra bolsa que en el futuro esté sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros; los corredores de bolsa; los agentes de valores; las compañías de seguros; los administradores de fondos mutuos; los operadores de mercados de futuro y de opciones; las sociedades administradoras y los usuarios de zonas francas; los casinos, salas de juegos e hipódromos; los titulares de permisos de operación de juegos de azar en naves mercantes mayores, con capacidad de pernoctación a bordo, y que tengan entre sus funciones el transporte de pasajeros con fines turísticos; los agentes de aduana; las casas de remate y martillo; los corredores de propiedades y las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria; los notarios; los conservadores; las administradoras de fondos de pensiones ; las organizaciones deportivas profesionales, regidas por la ley Nº 20.019; las cooperativas de ahorro y crédito; las representaciones de bancos extranjeros y las empresas de depósito de valores regidas por la ley Nº 18.876.

CLÁUSULA CONTRATO DE TRABAJO

El contrato de trabajo, sea temporal o indefinido, de todo empleado de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. contendrá una cláusula que diga relación con la ley 20.393, la que será del tenor siguiente:

“El trabajador reconoce y se obliga a actuar en todo momento en el desempeño de sus labores conforme a la ley y las disposiciones del reglamento interno y demás políticas y procedimientos de la empresa.

En razón de lo anterior, se obliga muy especialmente a cumplir completa y oportunamente con las disposiciones del sistema de prevención de delitos diseñado e implementado por la empresa según lo dispone la ley 20.393, para lo cual recibe en este acto un documento denominado “Informativo prevención de delitos ley 20.393 Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.”, donde se describen los elementos principales de dicho sistema, y que el trabajador declara conocer y aceptar en todas sus partes. Del mismo modo, declara el trabajador que conoce, acepta y se obliga a cumplir todas las instrucciones y prohibiciones contenidas en él así como sus sanciones y que por tanto se entienden parte integrante del presente contrato. El incumplimiento de tales obligaciones se entenderá un incumplimiento grave de las obligaciones emanadas del contrato de trabajo.

De este modo, nunca el trabajador ofrecerá, prometerá entregar, dará ni consentirá en entregar a un funcionario público chileno o extranjero un beneficio, económico o no, indebido o adicional a los derechos que según la ley el funcionario deba recibir, bajo ningún pretexto o circunstancia y sin importar la premura en que se encuentre o las instrucciones en contrario que hubiera recibido. El empleador declara en este acto que ninguna instrucción recibida por el trabajador podrá ser interpretada como destinada a autorizar al trabajador para cometer o participar en cualquier hecho constitutivo de delito, sea este cohecho, financiamiento del terrorismo, lavado de activos o cualquier otro. El empleador reconoce que cualquier instrucción en contrario que recibiere el trabajador carece de todo valor y exime en este acto al trabajador de toda responsabilidad por los perjuicios que se ocasionen por no acatarla.

El trabajador cuidará siempre que los dineros o bienes que reciba a nombre de la empresa o con ocasión de su trabajo no provengan de actividades ilícitas de ninguna especie y se obliga a poner su mayor cuidado para descubrir y denunciar al empleador cualquier sospecha que tuviera respecto del origen de esos dineros o bienes de conformidad a lo dispuesto en el sistema de prevención de delitos.

Del mismo modo, el trabajador velará porque los dineros o bienes de la empresa que tenga, administre, porte, invierta o custodie nunca sean destinadas a financiar actividades ilícitas de ninguna especie, sean estas actividades de carácter terrorista o cualquier otro delito común.

El trabajador reconoce como un deber esencial para con su empleador poner su mayor diligencia en la detección de cualquiera de estas situaciones poniéndolo en conocimiento inmediato de su jefatura directa o del encargado de prevención de delitos en su caso, sea directamente, sea utilizando el canal de denuncias establecido por la empresa”.

EL REGLAMENTO INTERNO

El Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad que pudiere regir para Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. debe incluir una cláusula denominada “Aplicación de la ley número 20.393”, cuyo tenor es el siguiente:

“En cumplimiento de la ley N° 20.393 sobre prevención de delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ha establecido un sistema de prevención que establece una serie de políticas, procedimientos y controles obligatorios para todo el personal. La empresa podrá realizar investigaciones internas al personal para verificar el cumplimiento de estas políticas. Su incumplimiento faculta a la empresa para aplicar sanciones al trabajador que ha transgredido estas normas que van desde una amonestación verbal, amonestación escrita, multa y hasta el término del contrato de trabajo, dependiendo de la gravedad del hecho o de su carácter reiterado. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan dirigirse contra el trabajador, conforme a lo que indica la ley tanto para hacer efectiva su responsabilidad civil como penal. Producto de lo anterior, todo el personal deberá adherir a este sistema de prevención que se encuentra descrito en el informativo de prevención de los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que se entrega a cada trabajador al momento de firmar su contrato de trabajo. El trabajador se obliga a formalizar la recepción de los mencionados documentos y su adhesión a los mismos.”

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS

Para un eficaz funcionamiento del modelo de prevención de delitos, es fundamental que todo el personal conozca los alcances de la ley 20.393 y conozca el contenido y alcance del sistema de prevención existente, sus controles y sus procedimientos. Asimismo, es también fundamental que todos los trabajadores comprometan su adhesión a dicho sistema de prevención de delitos.

Con el fin de asegurar que todos los trabajadores de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. estén debidamente informados sobre esto, además de las disposiciones incorporadas a sus contratos de trabajo y reglamento interno, se ha dispuesto la siguiente normativa:

1. Disponibilidad. La información relacionada al sistema de prevención de delitos estará disponible para todo el personal a través de la gerencia general.

2. Compromiso. Todo el personal firmará el anexo del reglamento interno con las correspondientes cláusulas que hacen referencia al modelo de prevención de delitos.

3. Proveedores. Los trabajadores de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. deben aplicar el principio de “conocer a sus proveedores y clientes” y exigir de ellos una estricta adhesión al sistema de prevención de delitos de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. En este sentido, las relaciones con proveedores y clientes deberán ser reguladas con un documento contractual que puede ser un contrato de compraventa, de promesa, de servicios, una orden de compra, bases de licitación u otro documento que acredite la existencia de la relación comercial entre Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. y el proveedor y cliente.

4. Capacitación. Se dispondrá para efectos de la capacitación de un programa sobre la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y del sistema de prevención de delitos de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. que se impartirá por la vía que se estime más expedita y accesible. Este programa se impondrá semestralmente a todos los nuevos trabajadores que se integren a IAM y deberá ser cursado a lo menos cada dos años por todos los trabajadores. Se llevará un registro de asistencia y de la calificación del curso.

5. Inducción especial. A todos aquellos cargos identificados en este modelo de prevención como expuestos potencialmente a la comisión de los delitos objeto de la ley 20.393, se les deberá enviar un correo electrónico o carta de la que deberán acusar recibo y que contenga:

a. Definición e identificación expresa del o los delitos al que se encuentra expuesto el empleado.

b. Enumeración y explicación de las medidas preventivas que en el desempeño de sus funciones debe cumplir obligatoriamente, según lo que dispone este modelo de prevención.

c. Obligación de reportar al encargado de prevención si las funciones de su cargo se amplían o sufren modificaciones sustanciales.

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS

El presente modelo de prevención de delitos incorpora un procedimiento de denuncia que se funda en tres pilares fundamentales: fluidez, confidencialidad y eficacia.

Es para Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. fundamental contar con un mecanismo de denuncia que permita a sus trabajadores, colaboradores y proveedores cumplir con sus obligaciones de denuncia en caso de tener noticia o sospecha de la comisión de cualquier hecho constitutivo de delito, incluso si se trata de delitos no contenidos en el modelo de prevención diseñado de conformidad con la ley 20.393.

Los trabajadores, colaboradores y proveedores de IAM tienen la obligación de comunicar, cualquier situación o sospecha de comisión de delitos, de acuerdo a las disposiciones del presente modelo de prevención y de conformidad a lo dispuesto en sus respectivos contratos y el reglamento interno. Del mismo modo, los trabajadores y colaboradores deben denunciar cualquier incumplimiento a las prescripciones del modelo de prevención, de modo que Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. pueda tomar las medidas necesarias para solucionar tales incumplimientos.

El canal de denuncias es anónimo, salvo que expresamente el trabajador, colaborador o proveedor desee identificarse. En este último caso Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. se compromete a tratar dicha identificación con la máxima confidencialidad resguardando siempre la honra y seguridad de quien hace la denuncia. Todas las denuncias ingresadas serán recibidas solamente por el encargado de prevención de IAM, mediante carta dirigida a las oficinas de este, ubicadas en Av. Presidente Kennedy N° 4.700 piso 6, Comuna de Vitacura.

Los trabajadores, colaboradores y proveedores, se comprometen a hacer sus denuncias en forma responsable y bien fundamentada y con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones conforme dispone el presente modelo de prevención. El denunciante, considerando el anonimato de su denuncia, debe entregar una descripción detallada de los hechos que la fundamenta, especialmente fecha, hora, lugar y forma de tomar conocimiento de tales hechos.

De acuerdo a un formulario diseñado por el encargado de prevención, en la medida de lo posible la denuncia debe contener la siguiente información:

a. Lugar donde ocurrió el hecho (proyecto, oficina, dirección, etc.).

b. Área de la empresa donde ocurrió el hecho denunciado.

c. Fecha aproximada en que ocurrió el hecho observado.

d. Descripción detallada de los hechos observados.

e. Indicar nombres y cargos de personas involucradas en los hechos denunciados.

f. Nombres y cargos de eventuales testigos de lo ocurrido.

g. Monto aproximado relacionado con lo ocurrido (si es posible).

h. Acompañar todos los antecedentes con que cuenta el denunciante y que permita el esclarecimiento de los hechos o facilite la investigación.

El mismo canal de denuncia se utilizará para poner en conocimiento de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A., la sospecha de toda violación en relación con la ley nacional, o con políticas, normas y procedimientos de la empresa, pero especialmente, y sin que la enumeración siguiente pueda considerarse taxativa, con lo que se indica a continuación:

– Cualquier pago indebido o por un monto superior al legal que se hiciera a un funcionario público, chileno o extranjero, o cualquier beneficio económico en especie u otros bienes que se le hiciera.

– Cualquier sospecha de que dinero, bienes u otras especies de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. pudieran estarse destinando al financiamiento de actividades ilícitas, como terrorismo u otras actividades delictuales y cualquier sospecha que pudiera tenerse respecto de la vinculación o participación de empleados, colaboradores o proveedores de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. en cualquiera de tales actividades.

– Cualquiera sospecha de que dinero, bienes u otras especies que reciba Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. a cualquier título pudieran provenir de actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas, secuestro, u otro delito. Asimismo, toda sospecha de vinculación o participación de empleados, colaboradores o proveedores de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. en tales actividades.

La duda acerca de si las conductas de que ha tomado conocimiento el trabajador, colaborador o proveedor de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. cae dentro de alguna de las hipótesis antes mencionadas, se entenderá como motivo suficiente para que este tenga la obligación de denunciar.

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS

El procedimiento de investigación interna es fundamental para la implementación del modelo de prevención. Por ello se le ha establecido como un mecanismo de cooperación con la autoridad cuando existe una denuncia o sospecha de la comisión de algún delito, comprometa o no la responsabilidad penal de la empresa.
Para cumplir esta finalidad, los resultados obtenidos por dichas investigaciones y su estado serán reportados regularmente a instancias de dirección de la empresa. Adicionalmente, los resultados de estas investigaciones que den cuenta de la sospecha de comisión de delitos, sean o no de aquellos incorporados en la ley 20.393, deberán ser puestos en conocimiento del Ministerio Público para que investigue las responsabilidades penales que corresponda.

Las investigaciones internas que se lleven adelante a partir del procedimiento aquí contenido buscan, además de impedir delitos en curso, obtener la información necesaria para el aprendizaje corporativo que permita la prevención de futuras conductas análogas. Evidentemente no toda conducta reportada según los mecanismos internos será confirmada en la investigación. Aun cuando no medie una denuncia, las investigaciones pueden ser iniciadas de oficio por el encargado de prevención o por disposición de la administración de la compañía cuando tomen conocimiento de alguna situación que lo amerite.

El procedimiento de investigación se regirá por los siguientes principios y reglas:

1. Las denuncias entregadas por los trabajadores, colaboradores o proveedores de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. serán recibidas únicamente por el encargado de prevención.

2. Una vez recibida la denuncia, se analizará su contenido y mérito para ser investigada. Deberán investigarse siempre las denuncias o hechos que puedan dar cuenta de la comisión del delito de cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

3. En caso de estimarse plausible la denuncia, sea por la forma de ella o por los antecedentes aportados, se dará inicio a la investigación designando a un auditor o a otro funcionario interno con experiencia, quien la realizará en forma estrictamente confidencial y bajo la supervisión del encargado de prevención. Requisito esencial de esa designación es la imparcialidad en la investigación, por lo que debe escogerse a un empleado cuyas funciones no estén directamente vinculadas con los procesos o cargos expuestos a la investigación.

4. El auditor o funcionario interno asignado se debe comprometer formalmente a mantener una estricta confidencialidad sobre todas las materias investigadas y las personas involucradas, cuidando encarecidamente el buen ambiente laboral.

5. El auditor o funcionario interno responsable por la investigación, podrá entrevistar a trabajadores que, en virtud de su posición y actividad dentro de la empresa, pudieren aportar con información respecto de lo investigado. El objeto de la investigación debe mantenerse en estricta reserva.

6. El auditor o funcionario interno contará con las facultades necesarias para reunir aquellas pruebas que los métodos de auditoría recomiendan y que le permitan dirigir una investigación adecuada, incluido -pero no limitado a- interrogar trabajadores, colaboradores, proveedores, etc.; revisar, cotejar y analizar transacciones; pedir rendiciones de cuentas de gastos o pagos; examinar la documentación existente; consultar fuentes externas, etc.

7. Una vez concluida la investigación, se emitirá un informe confidencial y reservado con sus conclusiones, al cual solo tendrán acceso los miembros de la alta gerencia que el encargado de prevención determine.

8. Si la investigación concluye que existen hechos delictuales demostrados o una sospecha fundamentada de violación a la ley 20.393, el encargado de prevención deberá denunciar los hechos investigados a la Fiscalía correspondiente.

CAPACITACIÓN

El presente modelo de prevención contempla un sistema de capacitación de los empleados y colaboradores de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. que será implementado por el encargado de prevención. El sistema de capacitación estará disponible de la forma más accesible posible y deberá ser realizado y evaluado cuando menos una vez cada dos años. Además, semestralmente deberá impartirse a aquellos empleados nuevos que ingresen a Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.

El objetivo de este sistema de capacitación es formar a los empleados y colaboradores de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. en los valores corporativos y muy especialmente en poner a su disposición los conocimientos necesarios para comprender los riesgos de comisión de delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por eso el sistema de capacitación se estructurará en un lenguaje fácil y accesible y contendrá todos los ejemplos que sean necesarios para ilustrar a los trabajadores.

En la misma línea, la capacitación está orientada a un conocimiento práctico (cómo actuar frente a una determinada situación) y no teórico, de modo que renunciará a la transmisión de un conocimiento exhaustivo de conceptos para orientarse hacia la práctica correcta en la toma de decisiones. Por la misma razón se prescindirá de las reproducciones literales o textuales de los delitos incorporados al catálogo de la ley 20.393 para enseñar más bien sus líneas esenciales del modo más didáctico y pedagógico posible.

Dicha capacitación incorporará especialmente apartados relativos a las sanciones que se han contemplado para empleados y trabajadores por incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y denuncia conforme dispone el presente modelo. Del  mismo modo, esas mismas obligaciones de vigilancia y denuncia constituirán el eje mismo de la capacitación.

El sistema de denuncias y sus características esenciales son también un apartado imprescindible del programa de capacitación, poniendo énfasis en la forma de denunciar tanto en sus vertientes remotas como presenciales, especificando enfáticamente la garantía de anonimato o confidencialidad según fuera el caso. Del mismo modo, y con la finalidad de promover la utilización del canal de denuncias y garantizar la transparencia de estos procesos, se especificará también en la capacitación el mecanismo de tramitación de denuncias y de realización de las investigaciones internas.

Todo empleado deberá, cuando menos una vez cada dos años, participar de estas capacitaciones y aprobarlas satisfactoriamente. Además semestralmente deberá impartirse a aquellos empleados nuevos que ingresen a Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. La evaluación de estas se hará de un modo imparcial y objetivo y el empleado que repruebe dicha evaluación deberá repetir dicha capacitación dentro de los tres meses desde su reprobación.

ENCARGADO DE PREVENCIÓN INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A

El encargado de prevención es el funcionario especialmente designado por Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. para el diseño, implementación y control del modelo de prevención de delitos, conforme lo dispone la ley 20.393. El encargado de prevención designado por la compañía es el abogado don Sebastián Oddo Gómez.

A su vez, y ya que la identificación de riesgo que se ha realizado es dinámica y por tanto las medidas que previenen la comisión de los delitos también lo son, será responsabilidad del encargado de prevención actualizar periódicamente el modelo de prevención de delitos, tanto en lo que se refiere a la incorporación de nuevos riesgos y/o la modificación de los actualmente identificados, como respecto de las medidas que los previenen. Lo anterior, asegurando el adecuado conocimiento y cumplimiento por parte de los empleados de la compañía.

La duración del encargado de prevención en su cargo será definida por el directorio. Ahora bien, y en cumplimiento de la ley, no podrá mantenerse más de tres años en sus funciones, prorrogable por periodos de igual duración.

Dicho encargado de prevención reportará directamente al gerente general de la compañía y a su directorio y contará con autonomía orgánica y presupuestaria de la administración.

De este modo y para asegurar su adecuada autonomía:

1. Se mantendrá indemne al encargado de prevención frente a cualquier conflicto de intereses que pueda afectar el cumplimiento de sus funciones.

2. El encargado de prevención tendrá acceso directo a la administración de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. para informarla oportunamente por un medio idóneo, de las medidas y planes implementados.

3. Anualmente la administración de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. aprobará el presupuesto presentado por el encargado de prevención, que le permitan obtener los medios materiales para cumplir con sus funciones.

Tanto el nombramiento como la duración, autonomía y disponibilidad de medios y presupuestaria del encargado de prevención estarán expresamente establecidos en un acto formal de nombramiento por parte del directorio de la compañía.

El encargado de prevención llevará un registro confidencial que contendrá:

a. Todas denuncias recibidas sea por conductos informales o a través del canal de denuncias.

b. Todas las investigaciones realizadas con sus respectivos antecedentes y resultados.

c. Registro de control de excepciones y transacciones inusuales.

d. Registro de los intercambios de información con el Ministerio Público.

Para los efectos de su reporte, el encargado de prevención pondrá semestralmente en conocimiento de la administración de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. los hechos ocurridos, las denuncias recibidas y las investigaciones cursadas, así como las medidas preventivas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido.

La estructura del informe semestral será la siguiente:

a. Breve resumen de todas las medidas de prevención implementadas conforme lo dispone el modelo de prevención de delitos (controles implementados, normas e instructivos dictados, alertas sistémicas o aleatorias, mecanismos de control de excepciones implementados, etc.).

b. Reporte del mecanismo de control de excepciones y detección de transacciones inusuales.

c. Denuncias recibidas tanto a través del canal de denuncias, como por otros medios informales. Del mismo modo, deberá reportar la cantidad relativa de esas denuncias de modo de revisar la efectividad del sistema formal de denuncias.

d. Investigaciones realizadas (número de investigaciones realizadas, conclusiones de las mismas y acciones tomadas) y porcentaje de denuncias que terminan en una investigación.

e. Diseño e implementación de las nuevas medidas de prevención (nuevos controles y procedimientos que se hayan implementado desde el informe anterior).

f. Resumen de todas las capacitaciones u otras medidas de formación o evaluación de personal relativas al modelo de prevención de delitos.

g. Cualquier modificación en la legislación vigente que pudiera afectar o modificar el modelo de prevención implementado por la óptica.

h. Otros hechos relevantes (cualquier otra información que pueda ser de interés a la administración de la empresa y que sirva para incrementar la eficacia del modelo de prevención de delitos).

Este informe se entiende estrictamente confidencial y solo será de conocimiento de la administración de la empresa.